Como em Brasil em Assunção também se massacram indígenas * Observatório Proletários / BR

COMO EM BRASIL EM ASSUNÇÃO TAMBÉM SE MASSACRAM INDÍGENAS

Asunción 18 de noviembre 2021 (BASE-IS) Con un gigantesco despliegue de fuerzas represivas se concretó en la mañana de este jueves el desalojo de 70 familias de la comunidad indígena Hugua Po’i, del Pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. El Estado nuevamente violó las normas nacionales e internacionales que protegen a los Pueblos Indígenas para favorecer a sojeros.

Según denunciaron los indígenas de Hugua Po’i el propio Instituto Paraguayo del Indígena habría dado su visto bueno al desalojo de la comunidad que ocupaba unas 1000 hectáreas que forman parte de su territorio ancestral. El aparatoso desalojo se realizó con la presencia de decenas de policías fuertemente armados, sin embargo no se dió la presencia de ninguna institución que pueda proteger a niños, niñas y ancianos que fueron desplazados a la vera de la Ruta apenas con las pocas cosas que pudieron rescatar.

Tras el desahucio los cultivos de las familias indígenas fueron destruidos así como sus viviendas y templos. La comunidad mantenía una reserva de bosques que se encuentra en riesgo ya que está rodeada por cultivos extensivos de soja.

Las tierras reclamadas por los indígenas serán entregadas a sojeros de origen alemán que fueron beneficiados por una orden judicial, que no tuvo en cuenta la normativa constitucional que prohíbe los Desalojos a pueblos indígenas. El procedimiento tampoco tuvo en cuenta lo establecido en pactos internacionales que señalan que debe garantizarse el acceso a un lugar de reubicación y a derechos fundamentales como alimentos.

Lo que ocurrió es una violación expresa de la Constitución de la República del Paraguay, además de a leyes reglamentarias y a varias disposiciones internacionales de derechos humanos. En el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de condenar al Paraguay por la violación de derechos territoriales indígenas, señaló claramente, que el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado» señaló la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), en una declaración realizada en el marco del Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que se realiza hoy y reúne a cientos de Defensores de Derechos Humanos.

Estas 70 familias indígenas han pasado a confirmar lo que ha sido un año plagado de violaciones hacia comunidades indígenas en Paraguay en lo que respecta al derecho particular que les asiste de no ser removidos de su hábitat sin su consentimiento» denunció la coordinadora.